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La ley eléctrica exige romper con el neoliberalismo | Artículo


Por Alberto Vizcarra Ozuna

Se puede decir que entre las personalidades públicas que han alcanzado una mayor comprensión y compromiso sobre el sector energético del país y el manejo y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Rojas y Manuel Bartlett Díaz; figuras políticas disímbolas pero convergentes en la defensa del sector energético nacional.

Coincidentes en foros nacionales para cuestionar las intentonas privatizadoras que al respecto ya apuntaban los gobiernos de Vicente Fox y Calderón. Francisco Rojas, ex coordinador de la bancada del PRI en la LXI legislatura, terminaría por renunciar como director de la CFE, apenas cumplido el año de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando este sucumbe ante las presiones internacionales y formaliza la entrega de una gran tajada del mercado eléctrico nacional a los corporativos privados y a los grandes fondos de inversión especulativa que los respaldan.

La comprensión de Cárdenas, Rojas y Bartlett, se ha soportado en una sistemática argumentación que pondera la importancia estratégica de que el estado conserve la función rectora y de conducción en el manejo de la energía, para evitar que la eventual apropiación de este mercado por los fondos de inversión, lo termine distorsionando con sus prácticas especulativas que ocasionan daños insoportables sobre el consumo doméstico y heridas que pueden profundizar la desarticulación de los procesos productivos en general.

Ha sido Manuel Bartlett Díaz, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la figura clave en la elaboración de la estrategia para que México no pierda el dominio mayoritario sobre el mercado eléctrico. Aún sin haber logrado la reforma constitucional que se proponía modificaciones en los artículos 25,27 y 28 de la constitución, con el objeto de mantener en forma exclusiva áreas estratégicas que incluyen la generación de electricidad, la ley eléctrica –motejada peyorativamente como “Ley Bartlett”- con el resolutivo de la Suprema Corte mantiene su constitucionalidad.

Es un instrumento legal que le permite al estado, sostener  la CFE como una de las empresas eléctricas que se ubica en el “top ten” del mercado eléctrico mundial y le otorga el margen para regular el mercado nacional al controlar el 54 por ciento, sin excluir a los generadores privados, que bajo contratos justos, podrán realizar sus operaciones y ganancias, sin desmantelar a la empresa pública.

La ley eléctrica no permitirá que indebidamente, como se había venido haciendo, se le dé prioridad en el despacho a los generadores privados, que por razones ideológicas y no técnicas, recibían este beneficio de vender primero y con la tarifa más alta. Esto lo hacían bajo el garlito de que  cumplían con la condicionante supranacional de poseer fuentes de generación “más limpia”, mientras ponían fuera a las hidroeléctricas de la CFE, cuando es la fuente de generación reconocida como la más limpia, junto a la energía nuclear.

La ley eléctrica es imprescindible. No se está frente a competidores que quieran convivir en un esquema de economía mixta. Se trata de fondos de inversión cuya identidad existencial es el dinero. No observan los flujos de electricidad como un insumo indispensable en el funcionamiento de la economía y de la vida humana.

Participan en el frenesí monetarista de un sistema financiero global, cuya condición de bancarrota lo hace desvergonzadamente voraz frente a todo flujo de liquidez constante y sonante. Por eso se excitan con el mercado eléctrico nacional, que se valora en más de 6.3 billones de pesos y se mantiene con una intensa dinámica de flujos monetarios apetecidos como palanca de sus inconmensurables ganancias especulativas.

Los contratos leoninos que se mantuvieron por casi dos décadas, donde los generadores privados nunca pagaron los costos del porteo, es decir la conducción de la electricidad, tampoco se hicieron cargo de los costos generados por la intermitencia de la generación solar y eólica, además del fraude implicado en las sociedades de autogeneración, son testimonio elocuente que desde el inicio de este proceso, su direccionalidad se encaminaba a inducir la bancarrota de la CFE y finalmente su desaparición.

El establecimiento de la ley eléctrica, es sin duda una victoria táctica, que  abre espacios para que en lo inmediato el país no sufra un choque hiperinflacionario en los costos de la electricidad, como los que al momento registran los países de Europa y especialmente España, donde los consumidores domésticos, en último año, padecen aumentos de más del cien por ciento, con un acumulado de incrementos del 500 por ciento en los últimos tres años. El drama se explica porque la nación ibérica entregó sin condiciones su mercado eléctrico a los mismos grupos privados que se quieren apoderar del de México.

La amenaza en contra del mantenimiento de la ley eléctrica, no solo viene de los poderes financieros que se quieren apropiar del mercado nacional. Su mayor vulnerabilidad podría ser que no cuenta con el respaldo de una política económica que le restituya al gasto público el vigor suficiente para que México, no solo conserve sus activos en el sector, sino que sostenga una proyección de crecimiento con énfasis en fuentes de mayor  densidad energética, como la energía nuclear.

No hay forma de darle sustentabilidad a la ley eléctrica, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene adherido – como lo ha hecho en los primeros tres años de su gobierno- al núcleo duro de las políticas económicas neoliberales. Mientras el decálogo angloamericano del Consenso de Washington se cumpla a pie juntillas, como el equilibrio presupuestal a toda costa, la desvinculación del Banco de México de toda responsabilidad con el crecimiento económico; y la política de austeridad y recortes en el gasto público se sostenga, la victoria táctica que representa la ley eléctrica podría terminar en una derrota estratégica de grandes pérdidas para la economía nacional.

Ciudad Obregón, Sonora 20 de abril de 2022



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